CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
Bogotá, D.C., tres
(03) de octubre de dos mil dos (2002)
Exp. No.
1100102030002002-0086-01
Se decide el conflicto de
competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil del Circuito de
Bucaramanga y Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, dentro del asunto
ordinario de mayor cuantía promovido por GLADYS STELLA y CARLOS MIGUEL
QUINTERO BARRAGAN contra el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, en
liquidación.
ANTECEDENTES
1. En demanda presentada para que revisen las
condiciones económicas del contrato de mutuo celebrado por los referidos
interesados, se afirmó que la entidad demandada estaba “representada
legalmente en toda Colombia por su gerente liquidador el señor PABLO MUÑOZ
GOMEZ, persona mayor de edad, vecino y residente en Bogotá” (fl. 26,
cdno. 1),
2. Previo reparto, el Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Bucaramanga, declaró su incompetencia para conocer del asunto y
ordenó remitirlo a sus homólogos en esa ciudad, tras afirmar que la demandada
recibe notificaciones en la calle 35 No. 7-51 de Bogotá y de conformidad con
el numeral 1º del artículo 23 del C. de P. C., los Jueces de esa Capital son
los idóneos para conocer del asunto (fl. 35).
La decisión se mantuvo
ante los recursos interpuestos, apoyados en que el lugar de cumplimiento de la
obligación a que alude el contrato celebrado, corresponde a esa
ciudad.
3. El Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de esta
ciudad, a quien se le asignó el conocimiento luego de la distribución
respectiva, en providencia del 22 de noviembre del año anterior, repelió la
competencia territorial y dispuso enviar el expediente a esta Corporación para
dirimir el conflicto, aduciendo que se trata de un asunto vinculado
exclusivamente al lugar de cumplimiento del contrato que corresponde a los
funcionarios judiciales de aquélla capital (fl. 47, cdno.
1).
4. Admitido a
trámite el conflicto y corrido el traslado para que las partes
intervinieran, la oportunidad transcurrió en silencio.
CONSIDERACIONES
1. La labor jurisdiccional que es ejercida por el
Estado a través de los funcionarios que al efecto determina la Constitución
Política en el artículo 116, con la consabida clasificación que establecen
los artículos 228 y siguientes, encuentra un puntual y necesario límite en el
escenario de la competencia, con el propósito de organizar y al propio tiempo
distribuir su ejercicio.
En materia civil existen
distintos factores que permiten atribuir con precisión a qué funcionario
judicial corresponde el conocimiento de cada asunto en particular. Uno de
ellos, el territorial, señala como regla general, que la demanda deberá
promoverse ante el Juez que corresponde al domicilio del demandado; y que de
existir pluralidad de sujetos, el actor está facultado para escoger el de
cualquiera de ellos. No obstante, por cuenta de los otros fueros que al efecto
establece el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, es dable que la
demanda pueda válidamente instaurarse ante funcionario distinto, según el
caso particular.
2. En lo que atañe al caso, delanteramente advierte
la Sala, que la competencia para conocer del mismo, corresponde al Juzgado
Civil del Circuito de esta capital, atendiendo a lo previsto por el numeral 18
del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, por cuenta de la
naturaleza jurídica de la entidad frente a quien se formularon las
pretensiones materializadas en el libelo presentado y el lugar que corresponde
a su domicilio.
Se apuntala la precedente
conclusión en que, si bien es cierto que la parte actora presentó la demanda
ante los Jueces de Bucaramanga, con estribo en que ese lugar fue acordado para
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de mutuo, que es el
detonante de la controversia suscitada, importa memorar que el asunto no
experimenta la posibilidad de radicar la competencia, en los términos del
numeral 5º del artículo 23 del Código de Procedimiento
Civil.
En efecto, está claro que
las súplicas principales y subsidiarias plasmadas en el libelo aludido, fueron
propuestas de cara al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, en liquidación, entidad que
de acuerdo con los soportes documentales adosados (fls. 5 y 6, cdno. 1),
ostenta la calidad de “sociedad anónima de economía mixta del orden
Nacional”, aspecto que conduce a señalar que la competencia territorial
emerge de la regla especial prevista en el ordinal 18 del citado artículo 23,
acorde con la cual de este asunto ordinario de mayor cuantía, debe conocer el
Juez Civil del Circuito del domicilio de la parte
demandada.
No puede, entonces,
predicarse que del mismo puedan ocuparse funcionarios judiciales distintos a
los del domicilio de esa forma asociativa, toda vez que acorde con el precepto
enunciado, por razón de la calidad de la entidad demanda es, itérase, el Juez
de aquél quien resulta habilitado para tramitar y decidir la controversia
promovida, habida cuenta que el extremo demandado involucra a una persona de la
naturaleza jurídica allí prevista, quedando en esas condiciones situado el
análisis dentro del supuesto fáctico previsto en el artículo 22 del C. de P.
C.
La Sala al desatar un
conflicto de contenido semejante dijo que “Empero, la solución no es la
misma cuando teniendo la demanda como causa un supuesto incumplimiento
contractual, la misma se dirige contra las personas jurídicas señaladas en el
numeral 18 del supracitado artículo, entre ellas ‘un establecimiento público’, porque en
este evento el juez competente para conocer es el ‘del domicilio o de la cabecera de la parte
demandada’ y si esta se
encuentra conformada ‘por una de
tales entidades y un particular, prevalecerá el fuero de
aquella’. Se observa que el Legislador reglamentó de
manera diferente la competencia cuando al proceso concurre como demandada una
persona jurídica calificada”.
“En consecuencia , si en
un proceso se involucra una de las entidades señaladas en el artículo 23
numeral 18 del C. de P. C., entre ellas ‘un
establecimiento público’, es claro que
cuando para determinar la competencia también debe tenerse en cuenta el
aspecto subjetivo, dicha disposición prevalece sobre la del numeral 5º que no
cualifica la condición especial de las partes. Esto porque el artículo 22
ibidem, claramente señala que ‘es prevalente la competencia establecida en consideración a la
calidad de las partes’. No de otra
manera debe explicarse que el Legislador se haya ocupado por aparte de una y
otra materia.” (auto del 7 de noviembre de 1995 exp. CC-
5729).
3. Por tanto, se dirimirá el conflicto suscitado,
en el sentido de señalar que es el Juez Veintitrés Civil del Circuito de esta
ciudad, el competente para conocer del asunto, con independencia de cualquier
otro factor o fuero, dado que en las diligencias aparece pacífico que el
domicilio del banco demandado, que ostenta esa especial categoría, corresponde
al Distrito Capital.
DECISION
Por lo expuesto, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Jueces mencionados,
señalando que corresponde conocer de la demanda ordinaria de mayor cuantía
presentada, al Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, Oficina
Judicial a la cual se remitirá el expediente, informando previamente, mediante
oficio, de lo resuelto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga.
NOTIFIQUESE
NICOLAS BECHARA
SIMANCAS
MANUEL ARDILA
VELASQUEZ
JORGE ANTONIO CASTILLO
RUGELES
CARLOS IGNACIO JARAMILLO
JARAMILLO
JOSE FERNANDO RAMIREZ
GOMEZ
JORGE SANTOS
BALLESTEROS
SILVIO FERNANDO TREJOS
BUENO
SINTESIS CONFLICTO DE
COMPETENCIA: No. 0086.
Asunto: ordinario de
mayor cuantía
Juzgados
comprometidos:
8º Civil del
Circuito de Bucaramanga y 23 Civil del Circuito de Bogotá.
RESEÑA
FACTICA
1) La demanda se
instauró ante el juez de Bucaramanga, para que se reconozca la condición
resolutoria implícita del contrato de mutuo celebrado por los demandantes con
el BCH.
El funcionario de esa
localidad señaló que como la entidad demandada tiene registrado en el
certificado de existencia y representación una dirección en Bogotá y así lo
anotó el libelo, los Juzgados de esta Capital son los competentes.
La decisión se
recurrió, con apoyo en que los actores, por tratarse de una competencia a
prevención, presentaron la demanda ante el Juez del lugar de cumplimiento,
conforme al numeral 5 del art. 23 cpc.
Se mantuvo la decisión
porque conforme al numeral 18 del citado artículo, nada tiene que ver el fuero
contractual aducido, puesto que se instauró contra una sociedad de economía
mixta, de modo que el asunto corresponde al Juez del domicilio a cabecera de la
parte demandada, que es Bogotá.
2) El Juzgado de
Bogotá dijo que, contrario a lo expuesto por el primero funcionario, por el
lugar de cumplimiento del contrato él es el competente para conocer del sunto
y, por ello provocó el conflicto.
PROYECTO:
Dirimirlo en el sentido
de señalar que debe conocer del asunto el Juzgado 23 de Bogotá, ya que el
fuero contractual invocado de acuerdo con el nral. 5 del art. 23, no aplica
debido a que la entidad demandada es una sociedad de economía mixta y de
acuerdo con el nral. 18 de tal precepto, el conocimiento de los asuntos en
donde intervenga una entidad de las allí descritas, corresponde al Juez del
domicilio o de la cabecera de la demandada.